Pura Aloy, autora con Francisco Hernández, de Reflexiones urgentes sobre la enseñanza publicó en Levante (30-7-2016), un artículo titulado «Conciertos en fraude de ley», en el que pone de manifiesto el abuso que se ha producido en los últimos años con los conciertos educativos y el abandono a que se ha sometido la enseñanza pública.
Destacamos unos párrafos:
En la Plaza de la Virgen, el 22 de mayo pasado, se hermanaron militantes populares y propietarios de centros privados católicos encabezados por la cúpula del PP valenciano, en defensa de la libertad de enseñanza.
La Constitución española reconoce derechos y libertades, así como su ejercicio, pero no asume la obligación por parte del Estado de su financiación. La Constitución no obliga al Estado a financiar el ejercicio de la libertad de enseñanza costeando cualquiera de las opciones que elijan los padres o tutores legales; se limita a reconocer en su artículo 27 el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos, el de las personas físicas o jurídicas a crear centros, y la gratuidad de la enseñanza obligatoria. (…)
Pero como no era suficiente, la consellera Catalá legalizó los conciertos a los Bachilleratos y a la FP, yo entiendo que en fraude de ley. No es extraño que a partir de estas prácticas atípicas, los empresarios privados católicos y los dirigentes populares hayan elaborado un relato sobre la libertad de enseñanza que, arrinconando la Constitución y la legislación estatal básica, exige dedicar los fondos para educación, en primer lugar, para satisfacer todas las reivindicaciones de las escuelas privadas católicas, y lo que sobre para la pública, aunque se abandone el mantenimiento de los centros y los alumnos de niveles obligatorios lleven decenios en barracones.
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